El 22 de agosto el fiscal Diego Luciani solicitó que se condene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos, en orden a los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.
La fiscalía pidió además el decomiso de más de 5,3 mil millones de pesos (en rigor, $5.321.049.272,47), monto considerado del perjuicio económico causado; de los bienes muebles e inmuebles utilizados para la comisión del delito; y de aquellos que resultaron su producto. Otras doce personas fueron acusadas.
La razón fue el supuesto desvío de fondos e irregularidades en la asignación de la obra pública de la provincia de Santa Cruz.
Eso sucedió el 22 de agosto. Hoy 21 de septiembre, a un mes de aquella solicitud de la Fiscalía ente el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, como corresponde, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner finaliza su alegato, y, los demás imputados, están ejerciendo su derecho de defensa, que Casa Tomada transmite en directo, de todas las partes.
Es este Tribunal Oral quién evaluará las pruebas aportadas por el Ministerio Público Fiscal. El mismo Tribunal se tomará su tiempo para evaluar las pruebas presentadas por las defensas de los acusados. Y luego, emitirá sentencia.
Así funcionan las Instituciones en una república como forma de gobierno, organizada políticamente, y con un sistema democrático. Por Silvio Verliac
