La Justicia federal ordenó una serie de allanamientos vinculados a maniobras de lavado de dinero que involucran a Sur Finanzas y al Club Banfield. La investigación suma nuevas derivaciones y vuelve a rozar circuitos financieros que también tienen impacto en el interior, incluida Concordia.
La escena se repite y se amplía. Este 1° de diciembre, el juez federal Luis Armella ordenó 19 allanamientos simultáneos, entre ellos la sede central de Sur Finanzas en Adrogué, la financiera vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El operativo se enmarca en una causa paralela por lavado de activos que investiga movimientos irregulares en el Club Atlético Banfield.
Según fuentes judiciales, el expediente apunta a una maniobra en la que directivos del club habrían incorporado un préstamo de 2 millones de euros a través de Auriga League S.A., sin luego devolver los fondos. La deuda se habría renegociado utilizando como garantía un porcentaje de la futura venta del jugador Agustín Urzi, incluso con un piso de pago asegurado aun si la transferencia no se concretaba.
A la causa se sumó en las últimas horas información aportada por la DGI, con un listado de transferencias sospechosas realizadas por más de 250 personas jurídicas mediante la plataforma Sur Finanzas PSP. Entre ellas aparecen clubes de Primera y del Ascenso.
El cruce entre fútbol, finanzas y estructuras paralelas vuelve a mostrar un patrón que excede Buenos Aires. Porque aunque la causa se radica en Lomas de Zamora, las rutas del dinero rara vez se quedan quietas. Y esas rutas —como vimos días atrás— también pasan por ciudades del interior, Concordia incluida, cuando los mismos actores, plataformas o esquemas aparecen en investigaciones judiciales.
El caso sigue abierto. Falta todavía que el juez federal Federico Villena defina un pedido de competencia y avance con nuevas medidas. Pero el mapa ya dejó a la vista algo claro: el entramado financiero del fútbol argentino tiene más capas de las que se ven en la superficie.
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